La función fundamental de un Estado con el sector productivo es crear las condiciones para que sus empresas puedan competir tanto en el mercado interno como en el mercado global. Ese es el núcleo de cualquier estrategia de desarrollo sostenible: fortalecer las capacidades competitivas del entramado empresarial nacional. Esto se construye con:
– infraestructura moderna,
– acceso al financiamiento,
– estabilidad macroeconómica,
– un clima de negocios previsible, reglas claras y crédito productivo a tasas razonables.
Todo lo que contribuya a potenciar la productividad del sector privado es, en definitiva, una inversión en soberanía.
Cuando ese objetivo se descuida -por acción u omisión-, las consecuencias son inevitables: las empresas locales pierden terreno, sectores enteros desaparecen; y la producción nacional se terceriza, muchas veces sin posibilidad de retorno.
Esto es exactamente lo que ocurrió en Estados Unidos, que, tras décadas de externalizar buena parte de su producción -especialmente en el sector tecnológico-, se encuentra hoy sin el músculo industrial necesario para respaldar decisiones estratégicas.
Ahora, al querer corregir esa situación mediante aranceles, choca con una realidad ineludible: ya no produce lo que quiere proteger. En el caso del iPhone, por ejemplo, imponer un arancel significa simplemente encarecer el precio final para el consumidor estadounidense. El arancel no puede sustituir una cadena de valor que ya no existe.
Este episodio revela algo más profundo que un simple fracaso arancelario: demuestra que no se puede improvisar el desarrollo industrial. La competitividad no se decreta ni se impone: se construye. Y, una vez que se pierde, recuperarla es un camino largo, costoso y, a menudo, irreversible.
La imposición de un arancel sobre un producto que ya no se fabrica localmente no genera ningún beneficio competitivo, solo agrava los costos internos y evidencia la pérdida de autonomía productiva.
En contraste, China ofrece el ejemplo opuesto. Mientras EE.UU. desmantelaba sus capacidades industriales, China las construía con planificación estratégica. No solo conservó el control sobre la producción de bienes complejos, sino que consolidó cadenas de valor, invirtió en conocimiento, fortaleció su base tecnológica y lideró avances en inteligencia artificial, energías renovables y manufactura avanzada.
China no solo entendió las reglas del libre comercio: las aprovechó a su favor.
Este episodio no es solo una discusión sobre aranceles; es una advertencia sobre qué significa tener -o no tener- una política de desarrollo productivo. Los países que renuncian a producir pierden mucho más que empleos o balanza comercial: pierden poder de decisión.
De hecho, Argentina ya vivió en carne propia parte de este proceso. A lo largo de las últimas décadas, muchos sectores industriales que no lograron sostener niveles de competitividad se trasladaron a Brasil, nuestro socio en el Mercosur, que ofrecía mejores condiciones estructurales para producir.
Textiles, autopartes, electrodomésticos y bienes de consumo masivo vieron cómo parte de su producción migraba al país vecino.
No hemos llegado al punto extremo de Estados Unidos con China, pero la pérdida de capacidades productivas es un fenómeno real, silencioso y progresivo, y el costo social y estratégico que implica se siente cada día más.
El verdadero desafío es construir una economía con capacidad de agregar valor, de generar empleo formal, de innovar y de integrarse inteligentemente al mundo. La industria no es un tema nostálgico ni ideológico: es una herramienta de poder en el siglo XXI.
Porque, cuando ya no se produce, proteger es tarde. Y, cuando no se tiene competitividad, negociar es imposible. El desarrollo no se compra: se construye.
