Hace pocos días asumí la responsabilidad de presidir la Unión Industrial Argentina con una convicción profunda: no hay más lugar para atajos. El mayor desafío que enfrentamos como sociedad es comprometernos con un camino que resuelva el núcleo de nuestros problemas: ser más eficientes, productivos y competitivos.
Este nuevo contrato productivo, por el que trabajaremos desde la UIA, parte de una premisa ineludible: Argentina compite con el mundo. Y para competir en serio, necesita reglas claras, instituciones sólidas y un sistema que impulse el desarrollo productivo con visión de largo plazo.
A diferencia de otros contratos, este no se firma: se construye. Y se construye con hechos, decisiones y compromiso. Surge de la articulación entre el Estado (en sus tres niveles), el sector privado, los trabajadores, el sistema educativo y científico, el sistema financiero, los proveedores de infraestructura y los organismos regulatorios. Todos integran la misma cadena de valor. Y todos comparten la responsabilidad de que esa cadena funcione con eficiencia, modernidad y alineada a los estándares internacionales.
Durante décadas, se apostó a soluciones mágicas: una devaluación, una cosecha excepcional o un nuevo recurso energético. Pero la historia demuestra que ningún atajo reemplaza lo esencial: la competitividad sistémica como único camino para un desarrollo sustentable.
Esa competitividad no se reduce al tipo de cambio ni al costo laboral. Implica capacitar personas, incorporar tecnología, mejorar la infraestructura, modernizar regulaciones y simplificar la normativa. Pero sobre todo, implica asumir una verdad incómoda: cada distorsión que toleramos —un trámite innecesario, un impuesto mal diseñado, una ruta intransitable— encarece el proceso productivo, limita nuestra competitividad e impacta en los precios finales.
El nuevo contrato productivo apunta, justamente, a resolver lo que conocemos como el “costo argentino”: una acumulación de distorsiones a lo largo de toda la cadena de valor. Cada eslabón incorpora sobrecostos que, al combinarse, encarecen nuestros productos frente a los de nuestros competidores globales. En definitiva, los precios de la economía —tantas veces alejados de lo que deseamos o consideramos justos— son la consecuencia directa de esta estructura de ineficiencias repetidas y toleradas durante años.
Y esto no se corrige con medidas aisladas. Se necesita un compromiso activo, sostenido y coordinado entre todos los actores. Sin un contrato productivo que convoque a transformar cada parte del sistema, el “costo argentino” seguirá siendo una barrera estructural para el desarrollo.
Por eso hablamos de un contrato. Porque un país no es rico por sus recursos, sino por su capacidad de organizarlos con inteligencia para producir más y mejor. La verdadera riqueza está en el entramado productivo: en la coordinación eficiente de sus partes, en el valor que se le da al trabajo y a la innovación, en el compromiso compartido por crecer.
Este contrato no es sólo de la industria, ni de un sector en particular: es un proyecto colectivo de país. Nos invita a comprender que cuando todos los actores acuerdan reglas claras y estables, se genera seguridad jurídica. Y cuando hay seguridad jurídica, hay inversión. La inversión impulsa el crecimiento. Y el crecimiento sostenido es la base para la generación de empleo formal y de calidad. Ese es el círculo virtuoso que buscamos con este nuevo contrato productivo.
Cuando entendamos que cada error o distorsión tiene impacto —pero también que la suma de buenas decisiones transforma la realidad— habremos empezado a construir un verdadero ecosistema de desarrollo.
No se trata solo de producir: se trata de hacer las cosas bien, de una vez y para siempre.
